ELMUNDO.ES /ROCIO GALVAN 12 Noviembre 2015.- «Queremos prevenir una posible ola de violencia y represión en Venezuela si, como vaticinan todas las encuestas, la oposición gana las elecciones el próximo 6 de diciembre», ha asegurado Carlos Vecchio, abogado y ‘número dos’ de Voluntad Popular (VP) en el exilio.
El coordinador del partido de Leopoldo López también se refirió a la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que hoy intervendrá el presidente de Venezuela. ‘El discurso de Maduro ante la ONU es pura propaganda. Todo el mundo sabe que en mi país no se respetan los derechos humanos’, aseguró Vecchio. El propio Maduro fue quien solicitó hace una semana a la ONU acudir a Ginebra para hablar sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Vecchio ofreció una rueda de prensa en Madrid junto a Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor encarcelado Leopoldo López, tras entregar ayer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un documento que, como adelantó EL MUNDO, aportaría pruebas para que La Haya abra una investigación preliminar contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros ocho altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad.
Una petición que ambos abogados han presentado con «carácter preventivo» de cara a lo que pueda ocurrir tras los comicios del 6-D. «No lo digo yo. El propio Maduro ha dicho públicamente que si la oposición gana las elecciones, él no va a entregar la revolución y ha advertido de que las calles se van a llenar de sangre y muerte«, ha recordado Vecchio, quien participa en el informe como abogado y como víctima de la represión chavista al mismo tiempo.
De hecho, el documento incluye como prueba declaraciones del presidente venezolano: «Si la derecha [partidos de oposición] tomara la Asamblea Nacional, sucederían cosas muy graves, en este país de desataría un proceso de confrontación de calle (…) Seré el primero en lanzarme a la calle a defender con el pueblo nuestra revolución. Nuestro país sólo puede ser gobernado por revolucionarios (…) la oposición debería rezar y prenderle candelas a sus santos para que nosotros ganemos las elecciones, de lo contrario se desatará un caos total (…) Juro que bajo ninguna circunstancia me voy a rendir ante los logros de nuestra revolución. No traicionaré a nuestra gente. Estemos preparados para defender a nuestra patria y ganar de cualquier forma, a cualquier costo, porque nuestro futuro está en juego. Masacres y muertes sucederán si la revolución chavista falla».
«Las amenazas y los atropellos contra los Derechos Humanos perturban el clima electoral. Es irreversible que se produzca un cambio en Venezuela y queremos que se haga de manera pacífica y democrática«, ha asegurado el portavoz de Voluntad Popular (VP) en el exilio.
Por su parte, el abogado defensor de Leopoldo López ha dedicado su intervención a explicar los aspectos técnicos del documento. A su juicio, es «absolutamente necesario» que la Corte Penal Internacional inicie una investigación «de manera urgente» por dos motivos: para evitar la «impunidad» tras la «violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos»y por una cuestión de «carácter preventivo».
El letrado del líder y fundador de VP ha reconocido que la CPI no tiene establecido un plazo para decidir la apertura de un examen preliminar a Maduro y ocho miembros de su cúpula. «Ayer nos informaron de que la respuesta de la Fiscalía no será inmediata. La decisión se suele demorar entre 3 y 6 meses dependiendo de cada caso», ha explicado Gutiérrez.
Entre las «evidencias» presentadas está la declaración del fiscal Franklin Nieves, quien confesó que el juicio a López fue una «farsa y que debería ser nulo». Pero no es el único testimonio que aporta este informe elaborado por un grupo de expertos en derecho internacional. «Incluye los testimonio de madres de hijos asesinados, de personas que han sido violadas y torturadas», ha relatado Gutiérrez, quien ha confirmado que sus identidades no serán reveladas para salvaguardar su seguridad. El informe, de 190 páginas, también incluye los informes del Comité contra la tortura de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana, así como denuncias de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
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