Nuria López, 9 febrero de 2017 I El Mundo
La comunidad internacional continúa con la mirada puesta en la crisis venezolana. Esta vez el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya ha abierto por primera vez un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, en referencia a la violencia durante las manifestaciones del año pasado. Un anuncio que llegó el jueves, el mismo día que el Parlamento Europeo pidió incluir entre sus sanciones al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El anuncio del TPI sobre Venezuela puede «animar a las víctimas a hacernos llegar sus testimonios» y «puede ser un incentivo para que las personas denuncien», ha explicado hoy, tras una rueda de prensa en Madrid, Tamara Suju, Directora Ejecutiva del Instituto Casla (que tiene como objetivo el estudio de América Latina) de Praga y abogada denunciante ante el TPI. Suju, que se vio obligada a abandonar Venezuela en agosto de 2014 tras ser acusada de «traición a la patria» -entre otros cargos- por sus denuncias al Estado, presentó ante el Tribunal europeo alrededor de 357 casos de víctimas de torturas producidas desde 2013 hasta la actualidad. Unas pruebas que, junto a las de otros denunciantes y «el contexto histórico de lo que se ha vivido en Venezuela», ha propulsado la decisión tomada el jueves por el TPI.
Hay tres puntos claves en los que se ha centrado la fiscalía del TPI, según Suju, «la represión sistemática, las detenciones masivas y los malos tratos contra las personas». En base a todo ello se abre el examen preliminar, aunque la fiscal Fatou Bensouda también apuntó a los actos violentos cometidos por algunos manifestantes.
La decisión del Tribunal no supone que se vaya a abrir una investigación, es el paso previo para analizar todas las pruebas recopiladas y a partir de ahí decidir si el organismo continúa adelante. «Hay una etapa ya cumplida de recepción de información, de análisis, de evaluación de la competencia temporal y territorial del TPI para investigar casos en Venezuela», ha explicado ante la prensa otro de los abogados denunciantes ante el TPI, Juan Carlos Gutiérrez, quien también es letrado del preso político Leopoldo López. «Una vez cumplido ese trámite entramos en una segunda etapa de examen preliminar, donde la fiscalía va a profundizar esas investigaciones y, por supuesto, es lógico que tiene que pedir información al Estado venezolano, que tiene la obligación de responder con veracidad y, por supuesto, la fiscalía sopesará», ha añadido Gutiérrez. El letrado ha recordado que el escenario ideal sería que no hubiera impunidad, pero «si no existe un sistema que haga justicia, para ello existe la jurisdicción internacional».
«Es la primera vez que Venezuela es examinada de forma pública, es decir, durante muchos años se ha denunciado al Gobierno venezolano, pero hoy en día por fin pasa de la primera fase a la segunda», ha subrayado la abogada Suju, recalcando la importancia de la decisión de ayer en La Haya. «Muchas personas no apostaban a que eso iba a suceder, incluso nos decían que no valía la pena seguir porque la corte no iba a responder, porque eso podía demorarse 30 años. Es muy importante que la evaluación de la corte haya sido tan pronta como para determinar en menos de uno o dos años que sí valía la pena pasar a la etapa de examinación preliminar», ha puntualizado la Directora Ejecutiva del Instituto Casla de Praga.
Posibles órdenes de arresto internacional
Como resume Suju: «Está abierto el camino». Ahora el TPI tiene que decidir si abre una investigación, en la que puede recabar su propia información e incluso puede anunciar órdenes de detención, o que no siga adelante en sus indagaciones. Si se decide abrir la pesquisa, «es entonces cuando formalmente se abre una investigación en contra de los funcionarios denunciados», ha agregado la letrada Suju. «Si la fiscal decidiera que debe emitir órdenes de aprensión contra ciertos funcionarios, se pueden ejecutar estas órdenes de detención internacional en la etapa de investigación», ha apostillado.
La obligación a cooperar por parte del Gobierno de Nicolás Maduro «subyace de los pactos internacionales que ha suscrito, especialmente de la firma del Estatuto de Roma», ha aclarado hoy en Madrid el letrado de López. «Si ellos no presentan sus respuestas ante la fiscalía del TPI, la fiscalía sabrá muy bien qué hacer con la información que nosotros le estamos enviando, con la información que ellos recaben de manera autónoma», ha agregado Gutiérrez, recordando que dentro de la investigación que pudiera abrir la fiscalía puede recabar pruebas e incluso trasladarse a territorio venezolano y entrevistar a personas.
Entre las personas que han presentado pruebas ante el TPI se encuentra la fiscal destituida por la Asamblea Constituyente Luisa Ortega, sobre la que Gutiérrez destaca que «tuvo participación directa en crímenes de lesa humanidad en 2014 y 2015» y que es «una de las personas denunciadas» ante el TPI.
Este paso desde La Haya se produce después de que el diálogo, que mantienen Gobierno y oposición desde el 1 de diciembre, sostenido en República Dominicana se encuentre en situación de «receso indefinido» y de que el oficialismo convocara las elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril.
Mientras el TPI sigue su camino, «las torturas continúan a día de hoy en Venezuela», recuerda la letrada denunciante Suju, quien ayer mismo recibió la petición de ayuda de un joven a través de Twitter. Él, como otros venezolanos, ha tenido que huir de su país y es un testigo más de la violencia del chavismo. Él fue detenido en mayo y sometido a todo tipo de torturas. Hoy, es un ejemplo más de la violencia que sufre la población en Venezuela. El anuncio del TPI «es una advertencia al Gobierno venezolano para que sean liberados los presos políticos y cese la represión que existe en nuestro país», ha concluido Gutiérrez.
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