REDACCION, 8 Febrero 2017 I BBC Mundo

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo este jueves que decidió abrir un “examen preliminar” sobre la situación en Venezuela para evaluar “presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI”.

Bensouda explicó que había tomado esa decisión después de estudiar de cerca el caso venezolano desde 2016 y tras una revisión “cuidadosa, independiente e imparcial de comunicaciones e informes”.

El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en el país sudamericano “al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa”, dijo la fiscal.

Fuerza excesiva, represión de oposición y violencia de manifestantes

“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”.

“También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”.

Un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar si existe “fundamento razonable” para proceder a una investigación de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de Roma.

La fiscal dijo que no hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de un examen preliminar.

“Según los hechos y las circunstancias de cada situación, decidiré si iniciar una investigación”, declaró.

Creciente presión en Venezuela

La decisión de la CPI llega en un momento de creciente crisis política en Venezuela, un día después del anuncio del Consejo Nacional Electoral de que habrá elecciones presidenciales el 22 de abril y tras otra jornada sin avances en el diálogo entre gobierno y oposición.

Además, este mismo jueves el Parlamento Europeo pidió ampliar las sanciones impuestas por la Unión Europea a altos cargos de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro. También condenó la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva.