JUANCARLOS VARGAS I 9 de noviembre de 2015
Hace varios meses atrás, escribimos sobre la posibilidad que Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno de Venezuela pudiesen ser investigados por la Corte Penal Internacional (CPI) por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Nicolás Maduro y algunos funcionarios de su gobierno, decidieron implementar con éxito políticas de estado para asesinar, encarcelar, torturar, perseguir, e infligir otros actos inhumanos, de manera sistemática y generalizada a la población civil que disiente del gobierno.
Como consecuencia de la comisión de estos crímenes, los abogados Carlos Vecchio y Juan Carlos Gutiérrez presentaron, en representación de un grupo de familiares de víctimas, ante la Fiscalía de la CPI, solicitud, con el propósito que la Fiscal de ese tribunal internacional inicie investigación preliminar, por la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno venezolano desde febrero de 2014. Hay que dejar claro que la solicitud presentada no es una denuncia, toda vez que se fundamenta en el artículo 15 del Estatuto de Roma de la CPI y con ella se busca que la Fiscal, Sra. Fatou Bensouda, una vez analizada la veracidad de la información y evidencias suministradas, determine si existen motivos suficientes para abrir la investigación.
Esta solicitud de investigación, de la cual somos uno de los autores, incluye información detallada, así como elementos probatorios que evidencian la participación directa de Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno en la comisión de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, persecución, y otros actos inhumanos.
Es importante resaltar que se proporcionaron elementos tendentes a sustentar que los crímenes cometidos por Maduro y otros funcionarios del gobierno venezolano, cumplen tanto con el carácter sistemático y generalizado que exige el Estatuto. Son sistemáticos porque son el resultado de una política de Estado implementada por un gobierno que busca perpetuarse en el poder a toda costa, política de Estado ésta que abarca el diseño y ejecución de planes de seguridad ciudadana, cuyo fin último y verdadero propósito ha sido desplegar efectivos de cuerpos de seguridad del Estado en las calles, quienes han actuado conjuntamente con grupos paramilitares, con la finalidad de amedrentar, repeler, castigar mediante maltratos físicos y/o apresar de manera arbitraria e ilegal, a un importante sector de la población civil.
Otra política de Estado de la que se han valido los funcionarios involucrados en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad, lo constituye la persecución judicial, la cual se ha venido perfeccionando a través del control absoluto del Poder Judicial y otras instituciones claves para la administración de justicia y protección de DDHH como la Fiscalía General de la República, por parte del Presidente de la República, Nicolás Maduro y el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a fines que se imputen y juzguen a inocentes por delitos fabricados, manipulando pruebas y utilizando falsos testigos, como quedó recientemente evidenciado luego de las confesiones del ex fiscal Franklin Nieves.
Por otra parte, estos crímenes se han cometido de manera generalizada, toda vez que se no se trata de uno o varios hechos aislados o fortuitos, por el contrario, el asesinato de al menos 36 civiles, la tortura de aproximadamente 440 víctimas, y la detención arbitraria de más de 3700 personas, de las cuales al día de hoy permanecen 74 personas privadas de libertad por razones políticas. Además, la persecución es generalizada porque no solamente han sido contra civiles que protestaban, sino también contra políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, banqueros, abogados, dueños de medios de comunicación, periodistas y tuiteros, , entre otros.
Maduro debe ser investigado por la Fiscalía de la CPI con carácter de urgencia, debido a que ha venido amenazando a la población civil opositora con hacer uso de la fuerza armada en caso que su gobierno no resulte favorecido en las elecciones parlamentarias del próximo 06 de diciembre. Lo anterior ha causado preocupación y ha generado el temor que se perpetre una nueva ola de crímenes de lesa humanidad, por lo que está plenamente justificada la intervención de la CPI para evitar que se produzca una situación más grave a la que ha venido enfrentando Venezuela desde febrero de 2014, además, que se hace necesario obtener la justicia para las víctimas y sus familiares que es imposible obtener en Venezuela. Asimismo, se trata de una advertencia al gobierno de Maduro para que a la hora de reprimir lo piense dos veces.
Juancarlos Vargas es abogado venezolano, Profesor Derecho Internacional (UCV) y Magister en Derecho Internacional y RRII (Universidad Complutense de Madrid).
Twitter: @jeisakuvargas
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