ALEJANDRA DE VENGOECHEA I ABC 3 de septiembre de 2015

Aunque la OEA no aprobó discutir en su Consejo Permanente el cierre de la frontera colombo-venezolana, que desde el 19 de agosto ya deja miles de colombianos deportados, la andanada diplomática sigue. El fiscal general colombiano, Eduardo Montealegre, decidió enviar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, contra la cúpula militar de Venezuela y contra el propio presidente Nicolás Maduro.

«También van incluidos civiles que hayan contribuido al diseño de las políticas discriminatorias y del ataque generalizado contra la población civil colombiana», aclaró el fiscal.

Para analistas consultados por el diario «El Espectador», la idea de acudir a la CIDH es acertada porque se trata de un problema de violación a los derechos humanos de una población numerosa y de una práctica de deportaciones que se realiza bajo el criterio de la nacionalidad. «No obstante, aun cuando la CIDH considere el caso admisible y haga un análisis de fondo, no podría elevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debido a que con la denuncia de la Convención Americana de DD.HH., Venezuela quedó por fuera de la competencia de esa Corte. Esto quiere decir que la estrategia de acudir ante la CIDH no culminará en una sentencia contra el Estado venezolano», opinó César Rodríguez Garavito, miembro fundador de la ONG Dejusticia.

Consciente de la que solución diplomática hace más ruido que nueces, el presidente Juan Manuel Santos y buena parte de su cúpula ministerial se fueron hasta Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, para intentar organizar una cuestión que le quitó todo protagonismo a las conversaciones de paz con las FARC en La Habana (Cuba). «Es una tragedia humanitaria. Tenemos 1.326 deportados pero hay más de 10.000 colombianos afectados (…) Hay que respetar el bienestar de los ciudadanos. No pedimos nada más», dijo Santos.

Maduro sabe que su rabia pasajera está subiendo de nivel. Cerró una frontera de un poco más de dos mil kilómetros que han cohabitado con los mismos problemas siempre: contrabando, delincuentes, guerrilleros. ¿Acaso un ataque a una patrulla de militares venezolanos no ha sucedido más de una vez? ¿Por qué esta vez tomó esa decisión? No es un secreto a voces que ambos países dependen el uno y del otro. Son más de 2.000 millones de dólares anuales en comercio bilateral y a Venezuela le está quedando imposible sostener su economía con el barril de petróleo por debajo de los 40 dólares. Vienen elecciones en diciembre. Los analistas insisten en que a Maduro le puede salir costosa la cortina de humo de cerrar la frontera. Ya no es popular.

Por eso este jueves sorprendió su actitud conciliadora con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, cuando le pidió «ayuda y asesoría» para detener el éxodo masivo, que según el Gobierno venezolano hay desde Colombia hacia Venezuela.

Sin embargo una cosa es lo que dice y otra lo que hace. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, confirmó este jueves frente a 20 diplomáticos que llegaron a Colombia a presenciar la situación humanitaria, que están llegando deportados no sólo de la frontera sino desde Caracas.

Deportaciones «ilegales»

«Acaban de llegar por Arauca -otra de las provincias fronterizas- 32 deportados que vienen de Caracas. Dicen que el tema en Caracas ya empezó, así que están entrando los primeros deportados que vienen de la ciudad de Caracas», dijo. Reiteró que las deportaciones se habrían realizado de forma ilegal pues la ley de extranjería venezolana tiene unas pautas para realizar una deportación; primero se notifica a la persona, luego hay un procedimiento, tiene 48 horas para hacer una audiencia oral, después puede tener un abogado, proceso que finalizaría con la deportación y que no se llevó a cabo con los colombianos.